Toño May denuncia omisión de autoridades en caso de violaciones a derechos humanos
Río Blanco, Ver.-
José Antonio May González, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Río Blanco, denunció públicamente que continúa siendo víctima de violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado de Veracruz, sin que hasta el momento haya una respuesta efectiva de las autoridades, en particular de la Fiscalía General del Estado.
Durante un acto de campaña, presentó documentos que confirman la existencia de una Recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde el 31 de enero de 2023. Se trata del expediente CNDH/2/2022/95/VG, que documenta detenciones arbitrarias, tortura, allanamiento de morada y otras violaciones graves cometidas presuntamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía estatal.
La recomendación, firmada por la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, fue dirigida al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la fiscal general Verónica Hernández Giadáns. En ella se exige que ambos diseñen e impartan cursos de derechos humanos y prevención de la tortura dirigidos al personal implicado, con un plazo máximo de seis meses desde su aceptación.
“Es evidente la omisión del Gobierno del Estado y de la Fiscalía, que hasta la fecha no han cumplido con ninguna de las acciones ordenadas”, señaló May González, quien consideró que su caso forma parte de un patrón de abuso y represión por parte de las instituciones de seguridad en Veracruz.
El panista aseguró que seguirá denunciando estos hechos, no solo como parte de su campaña, sino como una exigencia legítima de justicia. También exhortó a la ciudadanía a no callar ante actos de autoridad violatorios de la ley y a exigir transparencia en el actuar de las dependencias estatales.
Hasta el momento, ni el Gobierno estatal ni la Fiscalía han emitido una postura oficial respecto al cumplimiento de la Recomendación VG/2023. En caso de persistir la negativa, la CNDH tiene la facultad de solicitar la comparecencia de los funcionarios involucrados ante el Congreso local.
