SSP incurre en nuevo desacato al ignorar orden judicial de arresto contra integrantes del cabildo de Atzacan
Atzacan, Ver.-El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz ha concluido el proceso correspondiente al expediente laboral número 392/2011-V, dictando el vencimiento de los plazos legales el pasado 23 de junio, sin que se haya cumplido la orden judicial emitida previamente contra integrantes del cabildo de Atzacan.
De acuerdo con la documentación judicial, el día 18 de junio del año en curso, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz recibió el oficio número 4538, en el cual se instruía de manera clara y directa el arresto del cabildo integrado por Mario B. A., Carmen y Erika, en cumplimiento de una resolución federal.
Sin embargo, hasta la fecha, la SSP no ha ejecutado ninguna acción efectiva, incurriendo en un nuevo desacato a una orden del Poder Judicial.
Los afectados, un grupo de trabajadores que por seguridad han decidido mantener el anonimato, señalaron que no es la primera vez que la Secretaría de Seguridad Pública incumple con lo mandatado por la autoridad judicial.
A pesar de tratarse de personas públicas y de existir diversas órdenes previas de localización y arresto, la dependencia ha limitado su respuesta a informes escritos en los que alega que “no ha podido localizar al cabildo infractor”, evadiendo su obligación de realizar una investigación real para dar con su paradero.
“Ni siquiera se ha cumplido con la presentación inicial, mucho menos con el arresto que ya debía haberse ejecutado dentro del término legal de 36 horas. Es evidente el desinterés y la omisión por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley”, expresaron los trabajadores.
Ante esta situación, los afectados hicieron una llamado enérgico a la gobernadora del estado, la ingeniera Rocío Nahle García, para que intervenga de manera directa y ponga fin a lo que calificaron como “una red de corrupción e impunidad que afecta directamente a trabajadores veracruzanos”.
“Estamos siendo víctimas de abusos institucionales y omisiones graves por parte de quienes deben garantizar la justicia. Las autoridades deben responder por sus actos y cumplir con lo que marca la ley”, concluyeron.
