Denuncian intento de despojo en bienes del sindicato Rolando; custodios fueron desalojados por grupo no identificado
Río Blanco, Ver. — La noche del lunes, alrededor de las 22:00 horas, un grupo conformado por diez personas —nueve hombres y una mujer— ingresaron sin autorización a la propiedad de la alberca de Rio Blanco en el cual se encontraban dos ex obreros que fueron obligados a retirarse bajo amenazas verbales.
En entrevista Fernando Eusebio Cortés Campos, actual secretario de los bienes del sindicato, explicó que los intrusos forzaron el acceso, a pesar de que el inmueble se encontraba con candado. Una vez dentro, exigieron a los cuidadores abandonar el lugar, sin recurrir a la violencia física, pero sí utilizando un lenguaje ofensivo.
Los afectados alertaron de inmediato a los demás integrantes del sindicato, quienes se movilizaron rápidamente. Y a través de redes sociales los vecinos les brindaron el apoyo a los ex obreros textiles.
Tras dialogar con uno de los ocupantes, quien no se identificó formalmente, se procedió a recuperar el control del inmueble sin enfrentamientos físicos, aunque sí se reportó la desaparición de herramientas y posibles daños al interior del lugar.
“El grupo dijo venir en representación de la UJM, pero ninguno mostró documentos oficiales ni se identificó plenamente. Aseguraban tener una orden, pero nunca la presentaron. Nosotros contamos con escrituras legítimas que acreditan la propiedad del inmueble y de por lo menos otras 15 propiedades más, entre ellas un campo de béisbol y un auditorio”, declaró Cortés Campos.
Cortés Campos precisó que la supuesta compra-venta que argumentan los invasores fue realizada años atrás con un exsecretario de bienes ya fallecido, Jorge Flores, y que dicho trámite carece actualmente de validez legal.
“Nosotros no buscamos confrontaciones. Queremos establecer un diálogo y llegar a un acuerdo justo, con base en la legalidad”, añadió Cortés Campos. Señaló también que se presentarán ante la Fiscalía para interponer una denuncia formal por los hechos ocurridos.
El grupo sindical, conformado por aproximadamente 510 integrantes, aseguró su intención de recuperar y preservar los bienes en disputa para el beneficio colectivo del pueblo, recalcando que todas las propiedades están debidamente respaldadas por una escritura madre.
Por último se conoció que será este martes cuando los afectados acudan a la Fiscalía a interponer la denuncia por los hechos ocurridos.
