Demanda contra el Estado por el caso de Ernestina Ascencio podría tardar hasta un año en resolverse

Orizaba, Ver.- El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la demanda contra el Estado mexicano en el caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario continúa su curso, y la sentencia podría emitirse en un plazo de entre cinco meses y un año.

En conferencia de prensa las integrantes de la AC Kalli Luz Marina en voz de la abogada Elizabet Guevara Mitzi recordó que el pasado 3 de marzo venció el término para la presentación de alegatos por escrito tanto por parte del Estado como de las organizaciones peticionarias.

Las pruebas ya habían sido incorporadas previamente y se discutieron en la audiencia pública celebrada el 30 de enero.

Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de estudio por parte de los jueces, quienes analizarán los elementos presentados por las organizaciones acompañantes, entre ellas el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (Cesen), con sede en Xalapa, que ha acompañado el caso desde el inicio.

Sin embargo, no existe un plazo específico para la emisión de la sentencia, por lo que se mantiene la incertidumbre sobre la fecha en que se conocerá el fallo.

Por su parte la misionera María López de la Ricca añadió que en base a las abogadas que llevan el caso, junto con otras cuatro Organizaciones Civiles que han brindado acompañamiento legal, estiman que la sentencia podría tardar entre nueve meses y un año.

Se espera que el fallo responsabilice al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de Ernestina Ascencio.

A pesar de un reconocimiento parcial del Estado en relación con la atención médica que recibió la víctima, nunca se ha reconocido oficialmente la violencia sexual que sufrió la mujer indígena ni el secuestro de su familia en un intento por obstaculizar el proceso.

Testigos y acompañantes del caso han señalaron que la familia de Ernestina fue llevada sin previo aviso en condiciones precarias y sin información sobre su destino, lo que constituye una grave violación a sus derechos.

Las organizaciones involucradas mantienen la esperanza de que la Corte Interamericana emita una sentencia que haga justicia en este caso y que se sancione al Estado por su responsabilidad en los hechos.