Clausuran obra en Tyasa tras muerte de trabajador; empresa aún no paga multa

Guadalupe Hernández – Punto Noticias
Ixtaczoquitlán, Ver. – La empresa Talleres y Aceros (Tyasa) enfrenta sanciones administrativas por el fallecimiento de un trabajador ocurrido el pasado 12 de julio al interior de sus instalaciones ubicadas en el Parque Industrial de Ixtaczoquitlán. Hasta el momento, la compañía no ha cumplido con el pago de la multa impuesta, confirmó el alcalde Nahúm Álvarez Pellico.
Como parte del protocolo legal y de seguridad municipal, este fin de semana fue clausurada una obra de ampliación en la planta. La acción corresponde al cumplimiento del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y al reglamento local que obliga a las empresas a garantizar condiciones seguras para sus trabajadores.
“Tenemos una ley y se aplica para todas las empresas. Hay un reglamento, un Código Hacendario y un programa que deben respetarse”, enfatizó el presidente municipal, quien también negó tener conflictos personales con la compañía.
El edil explicó que aún no se define el monto exacto de la sanción ni la fecha en que se hará efectiva. No obstante, aclaró que ya hubo acercamiento con representantes de Tyasa y estos aseguraron que cumplirán con los requerimientos establecidos por el ayuntamiento.
En redes sociales circularon versiones que hablaban de una multa por 3 millones de pesos, pero Álvarez Pellico desmintió esa cantidad, calificándola como falsa.
El incidente, que cobró la vida de un joven de 28 años, ocurrió dentro de la planta ubicada sobre la carretera federal Orizaba–Córdoba. Según el testimonio del padre del trabajador fallecido, Jorge Montiel, el día del accidente se le ordenó a su hijo operar una máquina de alto riesgo fuera del horario programado de mantenimiento, lo que habría derivado en el accidente mortal.
“Nos dijeron que la máquina debía detenerse a las 2 de la tarde, pero a las 7 de la mañana lo pusieron a trabajar en ella. A las 9 de la noche ya estaba funcionando otra vez como si nada”, denunció.
Los padres del joven han solicitado el respaldo de la gobernadora Rocío Nahle García y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que incluso han recibido amenazas desde que comenzaron a exigir justicia y una investigación a fondo sobre lo ocurrido.