Autoridades de Derechos Humanos atienden caso de posible despojo en el Mercado Zapata

Orizaba, Ver. – El jurídico estatal de Derechos Humanos, Jorge García Gómez, dio a conocer una denuncia presentada por locatarios del Mercado Zapata, particularmente por la comerciante Lucía Martínez Quintero, quien señala haber sido víctima de un presunto despojo de su local comercial.

De acuerdo con el testimonio del jurídico, la señora Martínez Quintero posee documentos originales, oficiales y sellados, que acreditan su legítima propiedad sobre el local. Sin embargo, denunció que al parecer ha habido manipulaciones administrativas, tanto en la anterior administración del mercado como por parte del exdirector de comercio, Eric Morales, quien actualmente funge como asesor jurídico del Secretario de Turismo en el Estado, Igor Rojí López.

Según la denunciante, el local habría sido vendido a la familia Reyes, específicamente a un tío de la comerciante, sin su consentimiento ni autorización. Esta situación ha derivado en que el local permanezca cerrado y sin acceso para su legítima propietaria, afectando directamente su fuente de ingresos.

Jorge García Gómez cuestionó el proceder de la administración actual y denunció que este tipo de prácticas van en contra de los derechos de los comerciantes establecidos. Señaló también que hay argumentos confusos basados en los estatutos que rigen el funcionamiento del Zoco, los cuales en ocasiones no concuerdan ni se aplican de manera clara.

Además, indicó que existe un conflicto familiar de fondo, en el que podrían estar involucrados temas de herencia o donación de derechos, los cuales deben ser tratados en instancias judiciales familiares y no utilizarse como argumento para despojar arbitrariamente a la locataria.

Por su parte, el Coordinador Estatal Operativo de la Capellanía Mundial de la Paz por Derechos Humanos, Vicente Figueroa, respaldó la denuncia y reafirmó que su organización, como ONG independiente de carácter internacional, acudió al llamado con base en el oficio que les fue enviado.

Figueroa precisó que el cambio de nombre del local, realizado en enero, fue irregular, ya que no existió consentimiento ni firma de la propietaria, como lo exige el procedimiento legal. Denunció que se entregó la posesión del local a otra persona, presuntamente familiar, sin seguir los protocolos administrativos correspondientes.

Tras reconocer el error, la administración decidió sellar el local, lo cual ha generado aún más afectaciones a la comerciante. También mencionó que existen otros casos similares dentro del mercado, pero que, por respeto al debido proceso, la organización solo atenderá formalmente aquellos en los que se solicite su intervención por la vía correcta.

Durante la denuncia pública, la hija de la señora Martínez Quintero narró los hechos en su testimonio, señalando que fue contactada en repetidas ocasiones por personas que intentaron obtener la firma y documentos de su madre para formalizar una supuesta venta o traspaso del local.

⁠“Mi mamá no quería vender ni traspasar. Yo dejé muy claro que no autorizaría nada. Aun así, insistieron varias veces”, expresó.

La hija dejó en claro que en ningún momento existió intención de vender o transferir el local, y que cualquier acto administrativo en ese sentido carece de validez legal y constituye una acción completamente irregular.

En este sentido, el coordinador estatal de la Capellanía Mundial de la Paz, Vicente Figueroa, recalcó que en los mercados no está permitido vender los espacios comerciales. Solo se pueden realizar traslados, donaciones o préstamos, y exclusivamente con el consentimiento por escrito y firmado del titular de la papeleta.

Asimismo, se denunció la existencia de duplicidad en los recibos de pago del local. De acuerdo con los informes recabados, entre enero y marzo del año 2025 aparecieron papeletas a nombre de otra persona, lo que sugiere una posible alteración de documentos oficiales.

Ante la evidencia de estas inconsistencias, el local fue cerrado en varias ocasiones: primero por orden administrativa, posteriormente abierto sin sustento, y finalmente clausurado de nuevo al comprobarse el error cometido por la propia administración.