APROBAR SIN OLVIDAR: ¿JUSTICIA SOCIAL O ESTRATEGIA ELECTORAL?
Punto Noticias
Xalapa.- La reciente aprobación de iniciativas enviadas por la gobernadora del Estado, Rocío Nahle García, ha sido celebrada como un paso adelante en materia de justicia social y derechos humanos.
La diputada Tania María Cruz Mejía, representante del Distrito XXI con cabecera en Río Blanco, fue una de las principales voces en tribuna al destacar la importancia de estos cambios legislativos, particularmente aquellos que beneficiarán a los pueblos originarios, afrodescendientes, personas adultas mayores y madres solteras.
Uno de los dictámenes más relevantes reconoce a los pueblos originarios y afrodescendientes como sujetos de derecho, lo que les permitirá acceder a recursos públicos y administrarlos de forma autónoma.
Se promete la preservación de su patrimonio cultural y su participación obligatoria en cualquier decisión legislativa o administrativa que los involucre.
Otro dictamen aprobado busca mejorar la eficiencia en materia de transparencia, y una iniciativa adicional plantea la gratuidad de actas de nacimiento para adultos mayores vulnerables y madres solteras.
Sin embargo, detrás de estas nobles intenciones surgen preguntas legítimas: ¿se trata de justicia o de cálculo político?
Resulta llamativo que estas propuestas surjan a escasos días de concluido un proceso electoral en el que, particularmente en el Distrito XXI, la coalición gobernante no obtuvo los resultados esperados. En este contexto, no son pocos quienes perciben un intento por reconectar con sectores tradicionalmente desprotegidos, apelando al discurso de inclusión y reparación histórica que, si bien urge y es necesario, también puede convertirse en un vehículo de rentabilidad política.
La alianza entre el partido en el poder y el Partido Verde —recurrentemente señalado por capitalizar causas ambientales y sociales para fines electorales— vuelve a colocarse como protagonista de iniciativas que apelan al corazón de los votantes más vulnerables.
Y aunque no se cuestiona la necesidad de atender con urgencia las demandas de estos sectores, sí conviene recordar que los derechos no deben ser moneda electoral, ni los pueblos olvidados, una ficha para recuperar votos perdidos.
Los avances legislativos deben celebrarse cuando surgen del compromiso genuino y sostenido con la justicia social, no solo cuando coinciden con la necesidad de mejorar cifras en las urnas.
Ahora bien la actual legisladora Tania María Cruz Mejía al no contar con ningún municipio emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el distrito XXI deberá someterse a la exigencia que le realicen las nuevas autoridades municipales electas.
Y realmente desempeñar su función de legislar y no solo simular un trabajo solo entregando juguetes y pelotas que en nada han beneficiado al distrito.
