Denuncian ante Derechos Humanos a fiscal de Zongolica por presunto abuso de autoridad

Zongolica, Ver. – La fiscal especializada en Delitos Contra las Mujeres, Feminicidio y Trata de Personas, Marina González Hurtado, fue denunciada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por presunto abuso de autoridad, coacción e intimidación, informó Jácome Norberto Lara García, delegado étnico de la Sierra de Zongolica.

De acuerdo con el funcionario, el 1 de octubre, la ciudadana Martha Elena Hernández Olivares acudió a la delegación para presentar una queja contra la funcionaria, luego de que —según su testimonio— fue presionada para entregar a su nieto menor de edad a su madre biológica, durante una comparecencia en la Fiscalía Segunda Especializada de Zongolica, sin que existiera un procedimiento civil correspondiente.

“La señora compareció sola, sin asesoría legal, porque no había cometido ningún delito. Sin embargo, la fiscal abusó de su autoridad y la coaccionó a firmar documentos para entregar al niño”, señaló Lara García, al precisar que el menor, de dos años y medio, acudió con su abuela y cuya identidad se mantiene resguardada.

El delegado enfatizó que la funcionaria carecía de facultades legales para ordenar la entrega del menor, pues dicho procedimiento únicamente puede resolverse a través de un juicio civil. “El procedimiento correcto era judicializar la carpeta si existía un delito, no ordenar la entrega del menor. La fiscal actuó fuera de sus atribuciones”, puntualizó.

La queja fue registrada bajo el expediente ZON 379/2025, y la CEDH en Zongolica ya recabó los testimonios y diligencias correspondientes. El expediente fue remitido a las oficinas centrales en Xalapa, específicamente a la Unidad de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual solicitará un informe a la Fiscalía General del Estado (FGE) y determinará si hubo violaciones a derechos humanos.

Lara García recordó que, en caso de que la ciudadana no contara con recursos para un abogado, la autoridad ministerial tenía la obligación de suspender la audiencia y asignarle un defensor público de oficio.

“Desgraciadamente, todavía hay decisiones arbitrarias. La ley es para todos y debe aplicarse con respeto a los derechos humanos, especialmente cuando están involucrados menores de edad y mujeres indígenas”, concluyó el delegado.