Habrá denuncia tras derribo de viviendas en el Centro Histórico de Río Blanco

Río Blanco, Ver.- La demolición de dos viviendas ubicadas en el Centro Histórico de Río Blanco y vinculadas a la antigua fábrica textil del municipio, ocasionó la apertura de un proceso legal.

Autoridades confirmaron que ya fue presentada una denuncia por la destrucción de los inmuebles considerados de valor histórico.

De igual manera Fuentes oficiales informaron que, tras la intervención del Ayuntamiento, se colocaron sellos de suspensión en la obra con el propósito de frenar los trabajos. No obstante, advirtieron que, en caso de continuar con las labores, las sanciones podrían agravarse.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) precisó que las construcciones derribadas formaban parte de los vestigios arquitectónicos del siglo XIX correspondientes a la ex fábrica textil de Río Blanco, considerados por especialistas como parte del patrimonio cultural y obrero de la región.

“Era el último vestigio que quedaba en pie y correspondía a la construcción original de la fábrica”, señalaron fuentes consultadas.

Asimismo, se destacó que no existía un proyecto autorizado ni dictamen técnico que avalara la demolición, pese a que los responsables de la obra afirmaron contar con un permiso.

“Si existiera, debió estar exhibido en el sitio de los trabajos, como lo marca la ley”, subrayó un especialista en conservación patrimonial.

El procedimiento legal se dirige contra los propietarios de los predios, quienes habrían autorizado las obras sin la consulta ni validación del INAH. Se espera que en los próximos días se emitan las primeras notificaciones formales.

Vecinos lamentaron la pérdida de una parte importante de la historia del municipio, reconocido por su profundo legado obrero e industrial.

“Se destruyó parte de lo que nos identifica como rioblanquenses”, expresaron algunos habitantes.

Demoler monumentos históricos implican hasta 10 años de prisión

De acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece sanciones severas para quienes dañen, alteren o destruyan bienes considerados patrimonio de la nación.

En el artículo 52, toda persona que por cualquier medio afecte o altere un monumento arqueológico, artístico o histórico puede recibir una pena de tres a diez años de prisión, además de una multa equivalente al valor del daño ocasionado.

Esta disposición prevé que, si el daño no es intencional, se aplicarán las sanciones establecidas en el Código Penal Federal para los delitos culposos.

Expertos en derecho y cultura subrayaron que esta normativa busca proteger y conservar el patrimonio cultural del país, al reconocer que los monumentos históricos y arqueológicos constituyen parte esencial de la identidad nacional y la memoria colectiva.

Fuentes oficiales confirmaron que, tras la intervención del Ayuntamiento, se colocaron sellos de suspensión en la obra para impedir que continuaran los trabajos. Sin embargo, advirtieron que, de persistir las labores, las sanciones podrían agravarse.

El procedimiento legal se dirige contra los propietarios de los predios, quienes habrían autorizado las obras sin contar con la validación del INAH. Se espera que en los próximos días se emitan las primeras notificaciones formales.